Puerto Rico acusado de violar derechos de la comunidad dominicana

Puerto Rico ha maltratado a un grupo de ocupantes ilegales de terrenos, en una comunidad de mayoría dominicana, de acuerdo con una inusual petición presentada el miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual denuncia abusos dentro de una jurisdicción de Estados Unidos.

La petición de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) pide a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos que restauren el agua y la electricidad en Villas del Sol, un asentamiento de casas precarias donde unas 200 familias habrían sido maltratadas por la policía e injustamente señaladas por ser inmigrantes.

Policías con equipo antidisturbios llegaron a desalojar a los invasores el 3 de agosto, alegando que están ocupando ilegalmente una zona peligrosa, porque se inunda. Los residentes se sujetaron de los brazos para mantenerlos afuera. Desde entonces, la policía ha permanecido día y noche instalada frente a la comunidad y el servicio de agua ha sido cortado, excepto por un periodo alrededor de la Navidad.
Algunos residentes ahora se bañan en un riachuelo sucio. Otros recolectan agua de la lluvia. Muchos la almacenan en recipientes abiertos, lo que estaría causando una nube de mosquitos que pueden propagar enfermedades como el dengue.

“El gobierno está mostrando xenofobia y discriminación”, dijo Maritza de la Cruz, una líder comunitaria de 35 años de República Dominicana y que ha vivido seis años en la comunidad.
La ACLU presentó la petición a la oficina de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, después de infructuosas gestiones ante el gobierno de Puerto Rico y las cortes locales. Adujo que la falta de agua propicia la transmisión de enfermedades y el suministro debe ser restablecido.
“El maltrato de la policía combinado con el sentimiento anti-dominicano, anti-inmigrantes al que la comunidad se ha visto expuesta, seguido de una falta de agua y electricidad, han tenido un impacto devastador”, dijo Chandra Bhatnagar, una abogada del programa de derechos humanos de la ACLU en Nueva York.
El secretario de estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, descartó cualquier indicio de discriminación y dijo que los servicios públicos no pueden ser considerados un derecho de los residentes porque ellos no son los propietarios de la tierra.
La mayoría de los ocupantes de la comunidad Villas del Sol son madres solteras con hijos que viven en las calles de tierra en Toa Baja, un suburbio al oeste de San Juan.
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